Vivimos tiempos convulsos, difíciles, donde la economía y los tribunales determinan la información de cada día. La globalización marca tendencias que deja nuestra vida a un tamaño de miniatura. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, más o menos importantes.

 

Esa vida diaria de los ciudadanos también viene determinada por la política, por lo que deciden las Cortes. Bruselas manda mucho (en una noche decidió el futuro del Banco Popular en España, por ejemplo). También mandan los parlamentos nacionales. Los diputados tienen su capacidad de decisión y ahora mucho más con un Congreso fragmentado, sin mayorías absolutas.

 

En este escenario, entra en juego la Comisión de Políticas Integrales sobre la Discapacidad. Probablemente, sea la comisión que más acuerdos genere. Primero, los diputados alcanzaron por consenso la capacidad legislativa para esta comisión (luego replicada en el Senado). Y también se ponen de acuerdo en los temas fundamentales.

 

Recientemente tuve la oportunidad de organizar y moderar una mesa redonda con los portavoces de esta Comisión. Era la primera vez (tras un año de Parlamento) que se reunían en un escenario diferente del Congreso de los Diputados con la idea de debatir sobre los temas que más ocupan a los parlamentarios.

 

Su reacción fue casi unánime: partidarios de fomentar el derecho al voto de todos los ciudadanos, incluidas las cien mil personas con discapacidad que no pueden ejercerlo. Propusieron que esta decisión se tome de manera urgente y autónoma, para evitar que la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General impida (una vez más) que no se pueda ejercer este derecho fundamental.

 

Son partidarios de la creación de una fiscalía especializada en los derechos y la protección jurídica de las personas con discapacidad; un pacto nacional contra la violencia de género, que incluya a las mujeres con discapacidad que la padecen en un mayor grado; la inclusión de la discapacidad en todo tipo de estudios y encuestas públicas, con el fin de conocer la realidad de esta parte de la sociedad que dispone de datos estadísticos antiguos y superados; el cumplimiento de las leyes que obliguen a todos para que el 4 de diciembre de este año se alcance una accesibilidad plena en todo tipo de bienes y servicios (recuperando la idea de destinar un uno por ciento del presupuesto a estos menesteres, ya que todos coinciden también en que no se va a cumplir la legislación).

 

Donde se generaron más dudas fue en la resolución del Gobierno sobre la distribución del 0,7 por ciento del IRPF destinado a políticas sociales y que afecta directamente al Tercer Sector, ya que se ha cambiado el sistema de distribución al pasar ahora a ser un 80 por ciento determinado por las comunidades autónomas y un 20 por ciento por el Estado. Aquí la polémica creció y las diferencias se plasmaron entre la posición catalana (la Generalitat planteó el recurso ante el Constitucional) y otros grupos que se preocuparon por la gestión y finalidad de esta nueva distribución.

 

Esta comisión marca una tendencia de compromiso y de posibilidades de acuerdo sobre materias que interesan a todos y podría servir de ejemplo a otras comisiones y a otros debates en el Parlamento. El consenso también puede volver a marcar nuestro futuro (por lo menos en estas materias). Y seguro que parte de culpa la tiene el CERMI y sus 20 años de lucha, capacidad de proposición y trabajo en favor de una sociedad más plural e integradora.